Migrantes, refugiados y desplazados internos

Según la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante es «una persona que se desplaza fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones».

La migración puede ser internacional o nacional, voluntaria o involuntaria/forzada y los migrantes pueden ser regulares o irregulares. Nótese que la OIM define la migración irregular como «el movimiento de personas que tiene lugar al margen de las leyes, reglamentos o acuerdos internacionales que rigen la entrada o salida del Estado de origen, tránsito o destino», sin embargo «el hecho de que migren de forma irregular no exime a los Estados de la obligación de proteger sus derechos».

Los refugiados tienen un estatuto jurídico específico protegido por el derecho internacional o nacional. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados define al refugiado como una persona que, 'debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país'.

Un solicitante de asilo es una persona que busca protección como refugiado y aún está a la espera de que se evalúe su solicitud.

Los Principios Rectores del ACNUR sobre desplazamiento interno y la Convención regional africana de Kampala se refieren a los desplazados internos como «personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a huir o a abandonar su hogar o su lugar de residencia habitual, en particular como consecuencia o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacional reconocida».

Posible solapamiento entre los distintos tipos de estatus migratorio

Es muy difícil clasificar a los inmigrantes en categorías específicas, ya que sus motivos para desplazarse, así como su estatuto jurídico y los derechos correspondientes, a menudo evolucionan y se solapan con el tiempo. Por tanto, la situación de una misma persona puede corresponder a distintas categorías al mismo tiempo.

Por ejemplo, los migrantes internos incluyen tanto a las personas que se ven obligadas a desplazarse (desplazados internos) como a las que deciden establecerse en un nuevo lugar de residencia por motivos socioeconómicos (trabajadores migrantes internos) o culturales (nómadas y pastores).

La migración forzosa no sólo incluye a refugiados y solicitantes de asilo, sino también a personas obligadas a desplazarse debido a factores externos, como catástrofes medioambientales (por ejemplo, los «refugiados climáticos»), la pobreza o proyectos de desarrollo. Nótese que el término «refugiados climáticos» no existe en el derecho internacional. Aunque no se ha reconocido formalmente, instituciones como la Unión Europea han expresado su creciente preocupación y han tomado medidas para apoyar y desarrollar la resiliencia en los países potencialmente afectados por el estrés relacionado con el clima. Algunos recomiendan el uso de «migrantes climáticos».

Además, aunque hayan huido por razones similares a las de los refugiados, los desplazados internos permanecen legalmente bajo la protección de su propio gobierno mientras permanezcan en el territorio de ese gobierno -aunque ese gobierno sea la causa de su huida-, por lo que su estatus legal y los derechos que les asisten son diferentes a los de los solicitantes de asilo y los refugiados.

El marco jurídico internacional garantiza el derecho a la educación de los inmigrantes, independientemente de su situación legal o migratoria, basándose en los principios de derechos humanos de igualdad y no discriminación.

Información más detallada sobre las diferentes categorías de migrantes en el documento de RTE: La situación del derecho a la educación de los migrantes: Marco jurídico internacional, obstáculos que subsisten a escala nacional y buenos ejemplos de aplicación por parte de los Estados (en ingles).

Leyes discriminatorias

El derecho internacional garantiza a todas las personas el derecho a la educación, independientemente de su nacionalidad, etnia, sexo, sexualidad, estatus migratorio o de otro tipo, o lugar de residencia. Sin embargo, en algunos Estados, la legislación sobre el acceso a la educación sigue siendo discriminatoria y restrictiva para los inmigrantes. La ciudadanía nacional puede ser un requisito previo para acceder a la educación, los inmigrantes indocumentados son a menudo excluidos del acceso a la educación, o el derecho a la educación puede ser denegado a los inmigrantes si no tienen estatus de residencia.

Estas leyes nacionales son contrarias al derecho humano a la no discriminación y ponen en peligro a muchos niños, especialmente a los niños inmigrantes indocumentados, que son especialmente vulnerables.

Protección temporal

La protección de los niños migrantes suele ser temporal y de corta duración. Por ejemplo, en la Unión Europea, los menores no acompañados, población especialmente vulnerable a la explotación laboral y a la violencia sexual, se benefician de una protección temporal que expira a los 18 años, estén o no escolarizados e integrados en la sociedad de acogida.

Requisitos de documentación

Exigir a las familias y a los niños documentos específicos para poder matricularse en la escuela también va en contra del derecho a la no discriminación. Estas restricciones ponen de manifiesto una brecha considerable entre las prácticas nacionales y los compromisos de los Estados con el marco jurídico internacional de derechos humanos.

A menudo se piden pruebas de residencia, documentos relacionados con la migración o certificados de nacimiento para matricular a los niños en la escuela, pero debido a los largos y peligrosos viajes, es comprensible que muchos migrantes no estén en posesión de estos documentos y, por tanto, se les deniegue el acceso a la educación.

Detención

Las familias migrantes indocumentadas y sus hijos, así como los menores indocumentados no acompañados, son a menudo objeto de detención en las zonas de tránsito. En estas circunstancias, no se respeta su derecho a la educación, a menudo justificado erróneamente por el carácter temporal o excepcional de su estancia (GEMR, 2019). El derecho internacional establece que, por regla general, los niños migrantes no acompañados o separados no deben ser detenidos únicamente por razones de inmigración, a menos que pueda justificarse excepcionalmente por otros motivos . Si los niños son detenidos, tienen derecho a acceder a la educación que, idealmente, debe tener lugar fuera de los locales de detención con el fin de facilitar la continuación de su educación después de la liberación (artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Observación general n º 6, párrafo 61-63). Por lo tanto, está claro que los Estados tienen la obligación, si la detención es inevitable, de proporcionar y garantizar el acceso a la educación.

Otros obstáculos

Otras prácticas pueden obstaculizar el derecho de los niños migrantes a la educación:

• Falta de instalaciones educativas, o cierre de escuelas debido a conflictos armados o catástrofes nacionales.
• La falta de acceso a la información sobre el derecho a la educación: muchas familias o menores no acompañados desconocen sus derechos, y esta falta de información puede obstaculizar su matriculación en centros educativos
• La inaccesibilidad geográfica de las escuelas
• Las tasas escolares y otros costes: aunque no tengan que pagar tasas (teniendo en cuenta que la educación primaria debería ser gratuita para todos los niños y progresivamente disponible en el nivel secundario) muchos padres no pueden permitirse los costes indirectos de enviar a sus hijos a la escuela, por ejemplo, el transporte, el uniforme, el material escolar y el almuerzo
• Lengua de enseñanza: los inmigrantes suelen tener dificultades para recibir educación en su lengua materna y, por tanto, para adaptarse y aprender.
• Falta de profesores cualificados y con experiencia y otros apoyos necesarios: muchos sistemas educativos carecen de los recursos necesarios para adaptarse a las necesidades específicas de aprendizaje de esta población y garantizar que reciben una educación de calidad. Esto incluye abordar la discriminación y los comportamientos nocivos, como el acoso, que dificultan la integración y disuaden a los niños inmigrantes y a sus familias de acceder a la educación.

Todas estas barreras pueden tener también un impacto negativo en su integración social.

Encontrará información más detallada sobre las barreras a la educación de los inmigrantes en el documento de RTE: La situación del derecho a la educación de los inmigrantes: Marco jurídico internacional, obstáculos que persisten a nivel nacional y buenos ejemplos de aplicación por parte de los Estados. Este documento también incluye ejemplos interesantes de la aplicación del derecho a la educación a nivel nacional, entre ellos:

• Acogida de refugiados y solicitantes de asilo a pesar del difícil contexto económico y político
• Leyes y políticas inclusivas
• Medidas para facilitar la educación de los nómadas
• Medidas para garantizar el libre acceso a la educación
• Medidas para facilitar la escolarización de los inmigrantes
• Medidas para facilitar la integración de los inmigrantes adaptadas a sus necesidades específicas, incluyendo clases de idiomas y programas específicos

Los principios fundamentales de derechos humanos de no discriminación e igualdad

Los instrumentos internacionales y regionales que garantizan de forma general el derecho a la educación a todas las personas también se aplican a los migrantes, independientemente de su situación legal o migratoria, sobre la base de los principios de derechos humanos de igualdad y no discriminación

Los Estados tienen la obligación inmediata de garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso y el disfrute del derecho a la educación y deben velar por que sus leyes, reglamentos y prácticas administrativas no discriminen a los migrantes.

Así lo han reafirmado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General nº 20 sobre la no discriminación en los derechos económicos, sociales y culturales (párrafo 30), el Comité de los Derechos del Niño (CDN), en su Observación General nº 6 (párrafo 12) y la Observación General nº 22 (párrafos 9, 22 y 41).

El principio de no discriminación de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados Partes a respetar y garantizar los derechos enunciados en la Convención a todos los niños, ya sean considerados, entre otros, migrantes en situación regular o irregular, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y/o víctimas de la trata, incluso en situaciones de retorno o deportación al país de origen, con independencia de la nacionalidad del niño o de sus padres o tutores legales, de su situación en materia de inmigración o de su condición de apátrida». (CDN, Observación General nº 22, párrafo 9)

Todo niño no acompañado o separado de su familia, sea cual fuere su situación, tendrá pleno acceso a la educación en el país en que haya entrado... ese acceso se concederá sin discriminación y, en particular, las niñas separadas y no acompañadas tendrán igual acceso a la educación formal e informal, incluida la formación profesional en todos los niveles. (CDN, Observación General nº 6, párrafo 41).

Disposiciones específicas aplicables a determinadas categorías de migrantes

Además de los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos que protegen el derecho a la educación de todos, los instrumentos específicos sobre migración también contienen disposiciones relativas al derecho a la educación de determinadas categorías de migrantes. Se puede hacer referencia a estos instrumentos para reforzar el marco jurídico que ya proporcionan los instrumentos básicos de derechos humanos.

El derecho a la educación de los migrantes está específicamente protegido por la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que garantiza su acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales.

El derecho a la educación de los refugiados está específicamente garantizado por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 , que establece que los refugiados deben recibir el mismo trato que los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental y un trato lo más favorable posible en lo que respecta a los demás niveles de enseñanza (artículos 22 y 29). La convención también protege los derechos de los solicitantes de asilo desde que presentan una solicitud de protección internacional, están protegidos hasta que se adopte una decisión.

No existe una convención para los desplazados internos equivalente a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 a escala internacional. Pero a nivel regional, la Unión Africana adoptó en 2009 la Convención para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos, que estipula que: «Los Estados Partes proporcionarán a los desplazados internos, en la mayor medida posible y con la menor demora, asistencia humanitaria adecuada, que incluirá... educación...» (Artículo 9.2.b). En situaciones de conflicto armado, los desplazados internos también están protegidos por el derecho internacional humanitario. En 1998, la ONU elaboró los Principios rectores aplicables a los desplazamientos internos, que reafirman y recopilan los derechos humanos y el derecho humanitario aplicables a los desplazados internos. El Principio 23 se refiere a su derecho a la educación.

Encontrará información más detallada sobre el marco jurídico internacional que garantiza el derecho a la educación de los migrantes en La situación del derecho a la educación de los migrantes: Marco jurídico internacional, obstáculos que subsisten a nivel nacional y buenos ejemplos de aplicación por los Estados e Instrumentos internacionales - El derecho a la educación de los migrantes, los refugiados y los desplazados internos.

El marco jurídico internacional que garantiza el derecho a la educación de los migrantes abarca tratados, que crean obligaciones vinculantes para los Estados, y otras fuentes de «derecho indicativo» que no son vinculantes, pero que siguen siendo jurídicamente significativas y a menudo tienen una importante fuerza moral, como las declaraciones y resoluciones, los marcos de acción, la interpretación de los tratados por parte de los órganos de tratados de las Naciones Unidas y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas (observaciones generales y recomendaciones) o los principios rectores de los derechos humanos.

Disposiciones generales sobre el derecho a la educación y la no discriminación

Marco internacional

• La Convención de la UNESCO contra la Discriminación en la Educación, 1960, (artículos 1, 2, 3 y 4)
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 (artículos 2 y 13; Observación General N^o 13 y 20 )
• Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 (artículos 2, 28; Observación General N^o 6, Observación General Conjunta 22 y Observación General Conjunta 23))
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965 (Artículo 5(e)(v), Observación General 30)
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1981 (Artículo 10, Recomendación General 36)

Marco Africano

• Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981 (artículos 2 y 17)
• Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, 1990 (artículo 11)
• Carta Africana de los Jóvenes, 2006 (artículo 13)

Marco europeo

• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 1948; Protocolo Facultativo N^o 1, 1952 y Protocolo Facultativo N^o 12, 2000 (artículo 14 de la Convención, artículo 2 del Protocolo N^o y artículo 1 del Protocolo N^o 12)
• Carta Social Europea (revisada), 1996 (artículos E, 10 y 17)
• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2000 (artículo 14)

Marco interamericano

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, 1998 (artículos 13 y 16)

Marco árabe

• Carta Árabe de Derechos Humanos, 2004 (artículo 41)

Marco asiático

• Declaración de los Derechos Humanos de la ASEAN, 2011 (artículo 31)

Disposiciones específicas aplicables a determinadas categorías de inmigrantes

Marco internacional

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951 (artículo 22)  y revisado por su Protocolo de 1967 (PCSR)
• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, 1954 (artículo 22) 
• Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 1990 (artículos 12.4, 30, 43, 45; Observaciones generales N^o 1 y 2 Observación general conjunta3 y Observación general conjunta 4)

Marco internacional no vinculante

• Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes, 2016 (párrafos 32, 39, 59, 81 y 82)
• El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular - GCM, 2018 (Párrafos 21, 29, 31, 32) 

Marco africano

• Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África, 2009 (artículo 9.2 )

Marco africano no vinculante

• Declaración de Yibuti para la Educación de los Refugiados, 2017 y su Plan de Acción específico . 

Marco europeo

• Convenio Europeo sobre la Condición Jurídica de los Trabajadores Migrantes (artículo 14)
• Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (artículos 14, 16).
• Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 (artículo 27)
• Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 (artículos 14, 17) 

Para obtener más información, consulte Instrumentos Internacionales, a saber, El derecho a la educación de los migrantes, refugiados y personas internamente desplazadas

El marco de las 4A destaca la importancia de garantizar a los inmigrantes tanto el derecho a acceder a la educación (hacerla disponible y accesible), como el derecho a recibir una educación de buena calidad (hacerla aceptable y adaptable).

Disponibilidad: Exige que los Estados garanticen la existencia de espacios disponibles para acoger a los migrantes en las escuelas públicas establecidas. Además, en el contexto de los campos de refugiados, los Estados, en cooperación con la comunidad internacional, deben proporcionar escuelas temporales.

Accesibilidad: Las escuelas deben seguir siendo accesibles física y económicamente. Los Estados deben garantizar que se proporciona transporte a los niños que lo necesiten y que los demás costes, incluidas las tasas escolares si se imponen, son asequibles, incluyendo subvenciones del 100% si procede. Los Estados deben facilitar el acceso a las escuelas y universidades incluso en ausencia de la documentación normalmente exigida.

Aceptabilidad: La calidad de la educación debe ser buena y la misma en todas partes, tanto para los nacionales como para los inmigrantes. Los planes de estudio y los métodos de enseñanza deben ser apropiados y de buena calidad. Especialmente en situaciones de emergencia (conflictos armados, campamentos, desplazamientos, etc.), a menudo los niños migrantes sólo tienen acceso, en el mejor de los casos, a una educación informal que tenderá a no ajustarse a las normas educativas mínimas.

Adaptabilidad: La adaptabilidad de la educación es una cuestión importante para los niños migrantes. Si es necesario, las clases deben ser móviles o temporales. Sea cual sea el enfoque que se siga, debe tener en cuenta las necesidades y la vulnerabilidad del niño en la medida de lo posible. También puede requerir que los Estados ofrezcan clases en la lengua materna en la medida de lo posible o clases de idiomas para favorecer su mejor inclusión.

Obtenga información más detallada, sobre el contenido del derecho a la educación de los migrantes, incluidas las disposiciones específicas que se aplican a determinadas categorías de migrantes en La situación del derecho a la educación de los migrantes: Marco jurídico internacional, obstáculos que subsisten a nivel nacional y buenos ejemplos de aplicación por los Estados.