Privatización

Las asociaciones público-privadas (APP) se presentan a menudo como una solución milagrosa a la falta de financiación de la educación. Este informe político, basado en un documento de trabajo más extenso y desarrollado, muestra que estos acuerdos generan a menudo mayores costes ocultos y amplían las desigualdades educativas.

En un mundo que se enfrenta a la fragmentación social, a las desigualdades perjudiciales y al deterioro del medio ambiente, necesitamos ahora, más que nunca, una educación pública de calidad, transformadora e integradora. Mientras nuestros sistemas políticos luchan por resistir a la autocracia y fomentar la democracia, la educación pública y gratuita puede ayudar a crear un público bien informado con capacidad para abordar estos retos mundiales.

El público apoya a la educación pública, y la educación pública funciona.

Este informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Farida Shaheed, se presenta con ocasión del 25º aniversario del establecimiento del mandato sobre el derecho a la educación. En su informe, la Relatora Especial examina los logros realizados en este ámbito, cómo se entiende el derecho a la educación y las obligaciones que conlleva, así como cuestiones tanto contemporáneas como emergentes que deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho a la educación para todos, hoy y en el futuro.

El papel de los actores no estatales se extiende desde la impartición de enseñanza escolar hasta las intervenciones en varios niveles de educación y esferas de influencia. A la par de su examen de los progresos realizados en la consecución del ODS 4, comprendidos los nuevos datos sobre las repercusiones de la pandemia de COVID-19, el Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2021-2022 insta a los Gobiernos a considerar todas las instituciones, los alumnos y los docentes como parte de un sistema único.

La Resolución A/HRC/53/L.10 sobre el derecho a la educación fue adoptada en la 53ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre el 19 de junio y el 14 de julio de 2023.

ENGLISH    FRANÇAIS

En los países latinoamericanos, la necesidad de disponer de recursos adicionales para financiar los servicios sociales, la infraestructura y la inversión educativa ponen de manifiesto la urgencia de vincular fiscalidad y educación en las discusiones sobre las políticas públicas.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red de organizaciones de la sociedad civil fuertemente comprometida con la plena realización del derecho humano a la educación pública, gratuita, sin discriminación de ningún tipo, con justicia social y ambiental para todas las personas. En ese sentido, hemos venido trabajando, desde hace más de una década, la temática relativa al financiamiento adecuado, con recursos públicos, por el fortalecimiento de la educación pública, cuestionando las tendencias a la privatización y mercantilización en educación.

La educación pública a menudo es criticada por ser ineficaz e ineficiente. Sin embargo, cuando se identifican las deficiencias en la educación pública, muy frecuentemente ellas no pueden ser atribuidas a la falta de capacidad, sino a la falta de voluntad política.

En la Cumbre Mundial de Educación, 37 OSC piden a los líderes mundiales de la educación que utilicen el financiamiento de miles de millones de dólares para apoyar la educación pública

Declaración conjunta, 27 de julio de 2021