La educación superior debe ser igualmente accesible para todas las personas por todos los medios apropiados, especialmente mediante la introducción progresiva de la educación gratuita. A pesar de esta disposición, el gasto público en todo el mundo ha disminuido y las fuentes privadas representan en promedio alrededor de un tercio del gasto en instituciones de educación terciaria. Según el informe Panorama de la educación de la OCDE (2020), entre 2015 y 2017 el gasto público en educación terciaria como porcentaje del PIB disminuyó en promedio un 5,1% en todos los países de la OCDE, siendo Chile, el Reino Unido, Estados Unidos y Australia los países con más inversiones privadas en educación superior.
Gasto total en instituciones educativas como porcentaje del PIB, según fuente de los fondos (2017)
Fuente: OCDE, Panorama de la educación, 2020.
En la región de América Latina y el Caribe, es el sector privado el que ha impulsado la rápida expansión de la educación superior en la década de 2000: la cuota de mercado de las instituciones privadas de educación superior en la región aumentó del 43% al 50% entre principios de la década de 2000 y 2013; siendo Brasil, México y Argentina los países con el aumento más importante en el número de instituciones privadas de educación superior.
Variación en el número de IES públicas y privadas, América Latina y el Caribe, alrededor de 2000-13
Fuente: Banco Mundial, Momento decisivo. La educación superior en América Latina y el Caribe, 2017.
La asignación presupuestaria a la financiación de la enseñanza superior es una decisión política. Debido a la creciente presión para reducir los impuestos y aliviar el costo de los presupuestos públicos, cada vez más países trasladan la carga de los costos de la enseñanza superior del gobierno a los y las estudiantes. La enseñanza superior se considera cada vez más como una inversión que genera rendimientos privados y públicos, pero no necesariamente como una prioridad social. Las políticas de financiación se dirigen entonces a los sectores de la enseñanza superior que presentan mayores tasas de rendimiento, por ejemplo con un sistema selectivo de becas.
Simultáneamente, los esfuerzos por descentralizar la gestión pública de la enseñanza superior impulsaron el desarrollo de las escuelas privadas. El Institute For Higher Education Policy ha destacado el hecho de que la privatización empuja a las instituciones a operar de manera orientada al mercado para responder a las demandas de los/as consumidores, amenazando a veces la cultura académica tradicional e incluso la calidad de la educación. Además, la privatización de la enseñanza superior conlleva un aumento de los costos, mientras que, según el derecho internacional, debería ser progresivamente gratuita. El coste de la educación superior varía mucho de un país a otro: mientras que es gratuita en 40 países del mundo, como Alemania o Brasil, puede rondar los cientos de dólares en Bélgica, Colombia o Francia y llegar a miles de dólares en Estados Unidos, donde la deuda media de los y las estudiantes que graduaron en 2016 asciende a 37.000 dólares.
El aumento de los costos de acceso a la educación superior obliga a un número creciente de estudiantes a recurrir a los préstamos. La carga de la deuda de los préstamos estudiantiles representa un reto tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. Mientras los gobiernos acumulan niveles sin precedentes de deuda total de préstamos estudiantiles federales (casi 1,3 billones de dólares en EE.UU. en 2019, casi 100.000 millones de dólares en el Reino Unido en 2017), los y las estudiantes cargan con el costo de la deuda durante años y muchos incumplen el pago (EE.UU.: el 14% de los 7 millones de prestatarios están en mora). En EE.UU. la deuda estudiantil aumentó un 107% en una década.
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