La siguiente jurisprudencia relativa a la privatización de la educación y a la reglamentación de los proveedores privados de educación incluye las decisiones de los tribunales nacionales, regionales e internacionales, así como las decisiones de los órganos administrativos nacionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y los órganos internacionales de derechos humanos.
Mohini Jain contra Karnataka (Tribunal Supremo de la India, 1992)
En esta decisión, la Corte Suprema de la India sostuvo que las instituciones privadas, actuando como agentes del Estado, tienen el deber de garantizar la igualdad de acceso a la educación superior y la no discriminación.
Bush contra Holmes (Tribunal Supremo de Florida, 2006)
En esta decisión, la Corte Suprema de la Florida sostuvo que un programa de vales o cupones educativos que proporciona fondos públicos a estudiantes para obtener educación privada no cumplió con el artículo IX, sección 1 de la Constitución de la Florida, que requiere que el gobierno estatal ofrezca una educación adecuada a través de un sistema uniforme de escuelas públicas gratuitas.
Juma Musjid Primary School v Ensayo (Tribunal Constitucional de Sudáfrica, 2011)
En esta decisión, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica sostuvo que una orden de desalojo obtenida por un propietario de un terreno privado en el que se ubicaba una escuela pública no podía ser ejecutada si repercutía en el derecho de los estudiantes a la educación básica y en el interés superior del niño bajo la Constitución de Sudáfrica (artículos 28 y 29).
Sociedad de Escuelas Privadas Sin Ayuda v India (Tribunal Supremo de la India, 2012)
En esta decisión, la Corte Suprema de la India sostuvo que la autoridad del Estado para cumplir sus obligaciones en virtud del derecho a la educación puede extenderse a actores privados no estatales. Por lo tanto, el Gobierno de la India puede exigir a todas las escuelas, tanto estatales como privadas, que acepten un 25% de niños de grupos desfavorecidos.
Fundación para la Protección del Medio Ambiente y el Consumidor v Delhi (Tribunal Supremo de la India, 2012)
En esta decisión, la Corte Suprema de la India sostuvo que, en virtud de la Ley sobre el derecho de los niños a la educación gratuita y obligatoria (2009) y la Constitución de la India, los gobiernos central, estatal y local tienen la obligación de garantizar que todas las escuelas, tanto públicas como privadas, cuenten con infraestructura adecuada.
Louisiana Federation of Teachers v Louisiana (Tribunal Supremo de Louisiana, 2013)
En esta decisión, la Corte Suprema de Luisiana sostuvo que los recursos públicos constitucionalmente reservados para las escuelas públicas no pueden ser asignados a la escuela privada, directa o indirectamente a través de un programa de vales o cupones educativos.