La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial calculan que mil millones de personas sufren algún tipo de discapacidad. De ellas, se calcula que entre 93 y 150 millones son niños. Según Plan Internacional , estos niños tienen 10 veces menos probabilidades de ir a la escuela que los demás y, cuando van, es probable que lo hagan en un entorno segregado. La Alianza Mundial por la Educación calcula que el 90 % de los niños con discapacidad de los países de renta baja y media-baja no van a la escuela. En 2016, las Naciones Unidas informaron de que menos de la mitad de los seis millones de niños refugiados del mundo estaban escolarizados, mientras que en un informe sobre la educación de los niños refugiados sirios, Human Rights Watch señaló que los niños refugiados con discapacidad se enfrentaban a obstáculos particulares y continuos para la escolarización.
Históricamente, los niños con discapacidad han sido excluidos del sistema educativo general e internados en «escuelas especiales». En algunos casos, se les separa de sus familias y se les ingresa en instituciones residenciales de larga duración donde se les educa aislados de la comunidad, si es que reciben algún tipo de educación. Ambas prácticas persisten en muchas regiones, por ejemplo, Europa del Este tiene el mayor número de niños institucionalizados en el mundo y un niño con discapacidad tiene casi 17 veces más probabilidades de ser institucionalizado que otros niños (UNICEF, 2022P. 48).
Los niños con discapacidad tienen tasas muy bajas de escolarización inicial. Incluso si asisten a la escuela, los niños con discapacidad tienen más probabilidades de abandonar la escuela y abandonarla prematuramente sin pasar a la escuela secundaria y más allá (CME, Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades informe, 2014). Los niños con discapacidad también corren un mayor riesgo de sufrir violencia escolar y acoso, lo que impide el disfrute seguro de su derecho a la educación (UNESCO, School violence and bullying: Global status report, 2016).
Estos hechos y cifras reflejan el impacto de las importantes barreras constantes a la educación a las que se enfrentan muchas personas con discapacidad, que incluyen:
- la falta de accesibilidad, tanto en términos de edificios escolares físicamente inaccesibles como de materiales didácticos inadecuados
- discriminación y prejuicios que impiden a las personas con discapacidad acceder a la educación en igualdad de condiciones que los demás
- exclusión o segregación de los entornos escolares ordinarios (también denominados «escuelas ordinarias»)
- calidad inferior de la educación, incluso en los centros ordinarios en los que los niños con discapacidad han sido «integrados» en un sistema no inclusivo.
La legislación en materia de derechos humanos trata de abordar directamente estas cuestiones imponiendo a los Estados la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad, mediante la aplicación de la «educación inclusiva».
Para más información sobre las cuestiones que afectan al derecho a la educación de las personas con discapacidad, véase: Informe mundial sobre la discapacidad (OMS y Banco Mundial, 2011: p.203-227), el informe de Plan International ¡Inclúyenos! (2013), y el informe de UNICEF Estado mundial de la infancia 2013: Los niños con discapacidad (2013).
