La edad mínima legal es la edad en la que una persona está legalmente autorizada a participar en una actividad, por ejemplo: votar, trabajar, casarse, o abandonar sus estudios.
Las edades mínimas legales están relacionadas con asuntos importantes, tales como el trabajo infantil, los niños soldados, la responsabilidad penal y el matrimonio a edad temprana.
Para algunas actividades, el derecho internacional de los derechos humanos define las edades mínimas específicas:
Para la realización de otras actividades, el derecho de los derechos humanos exige que las edades mínimas sean decididas por el Estado y consagradas en el derecho interno:
Ver cuadro comparativo de legislación relativa a la edad mínima nacional.
Las edades mínimas legales deberán depender de la actividad de que se trate y equilibrar al menos dos aspectos:
En primer lugar, los niños constituyen un grupo de personas que necesitan una protección especial. El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que: "El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales". Las edades mínimas legales tienen el objetivo de proteger a los niños de prácticas nocivas y malos tratos. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño "exhorta a los Estados a que adopten todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra todas las formas de violencia física o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual".
En segundo lugar, los niños deben ser empoderados de acuerdo con su madurez y capacidad. Se les debe conceder la autonomía para dirigir sus propias vidas y tomar decisiones por sí mismos, en la medida que sea posible (artículo 5).
Además, también deben considerarse los principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño: la no discriminación (artículo 2), el interés superior del niño (artículo 3), el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (artículo 6) y el respeto de las opiniones del niño (artículo 12).
En el derecho internacional de los derechos humanos, la educación será gratuita y obligatoria para todos, al menos en el nivel primario y se irá ampliando gradualmente a los niveles superiores. Por otra parte, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que "(…) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad". La educación también facilita la toma de decisiones en forma autónoma y la participación en la vida social. Para lograr esto, los niños deben ser educados durante el período más prolongado posible de acuerdo con los recursos disponibles, y la legislación sobre la edad mínima protege estos objetivos vitales de la educación.
De hecho, el Convenio No 138 de la OIT (convenio sobre la edad mínima) establece que la edad mínima para ingresar en el mundo del trabajo no podrá ser inferior a la edad en que finaliza la educación obligatoria y, en cualquier caso no será inferior a quince años (catorce en los Estados que tienen economías y sistemas educativos insuficientemente desarrollados).
Este principio puede y debe ser aplicado a las prácticas tales como el matrimonio temprano, reclutamiento militar por debajo de la edad legal, y estar sujeto a responsabilidad penal (y, por tanto, posible encarcelamiento) porque tales prácticas evitan que los niños se beneficien de la educación gratuita y obligatoria al excluirlos del sistema educativo.
Por otra parte, la educación obligatoria y gratuita es la mejor manera de sacar a los niños de las prácticas nocivas. Si los niños están en el sistema educativo, tienen menos probabilidad de casarse a una edad temprana, trabajar o cometer delitos penales.
Las edades de referencia deben ser coherentes con el fin de garantizar y proteger el derecho a la educación de los niños. En muchos Estados, la legislación relativa a la edad mínima es incompatible con la obligación de garantizar educación gratuita y obligatoria, o lo que es peor aún, no existe. Por otra parte, en los Estados en que la legislación relativa a la edad mínima es coherente, con frecuencia no se hace cumplir.
Hay muchos impedimentos para una legislación relativa a la edad mínima coherente. En primer lugar, el derecho de los derechos humanos a menudo no especifica las edades mínimas, dejando la decisión a los Estados. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer prohíbe contraer matrimonio a una edad temprana, pero no establece la edad mínima. Esto deja a las niñas vulnerables a posibles discriminaciones puesto que ellas tienen más probabilidades de contraer matrimonio a una edad más temprana, y los Estados a menudo institucionalizan esa desigualdad.
En aquellos Estados donde existe la legislación sobre la edad mínima, las edades son a menudo demasiado bajas. En algunos Estados la edad de responsabilidad penal es hasta de siete años. Si la edad de finalización de la educación obligatoria y gratuita se encuentra por encima de esa edad (y debería serlo de acuerdo con la legislación sobre derechos humanos), entonces los niños que tienen conflicto con la ley (o enfrentan la justicia de menores) pueden tener serias barreras para acceder a la educación.
Consulte Instrumentos Internacionales: Educación Gratuita y Obligatoria
Para obtener más información, consulte Instrumentos Internacionales - Edad mínima para el reclutamiento militar
Para obtener más información, consulte Instrumentos Internacionales - Edad mínima para trabajar
Para obtener más información, consulte Instrumentos Internacionales - Edad mínima para contraer matrimonio
Para obtener más información, consulte Instrumentos Internacionales - Edad mínima de responsabilidad penal
